Rehenes de la violencia

Rehenes de la Violencia

12 de mayo de 2008

Para los guerrerenses no solo languidece la esperanza de poder traducir la lucha por la democracia en mayor bienestar y desarrollo para la mayoría de la población pobre, sino que ahora a tres años de esta paciente espera, se enlutan decenas de hogares y aparece la amenaza de la muerte como una tragedia cotidiana e inevitable, a causa de la incapacidad probada de los sistemas de seguridad pública y administración de justicia, que no han podido enfrentar con éxito a la delincuencia organizada y a la narcoviolencia. De nueva cuenta la historia de Guerrero se vuelve a escribir desde las estadísticas de la muerte y por los hechos de sangre.

La impunidad del delito y el surgimiento del sicariato, como un modo de vida, hunde sus raíces en el modelo obsoleto del sistema de procuración de justicia estatal, que se consolidó en la época de la guerra sucia, donde las corporaciones policíacas se acuerparon con elementos ligados a la delincuencia común o con personajes sombríos que tenían en su haber, varios delitos. Las policías del estado nacen como un brazo armado de la clase política, como grupos temerarios que brindaban protección a los caciques del estado. Crecieron a la sombra de un poder impune que sometía a la fuerza y con la pistola en el cincho a la ciudadanía que tenía el valor de protestar y encarar a las fuerzas represivas del gobierno autoritario.

Esta génesis de la violencia policíaca junto con la violencia provocada por el ejército mexicano que sembró el terror en varias regiones del estado y ahogó en el dolor a miles de familiares, que hasta la fecha desconocen el paradero de más de 500 desaparecidos en el estado, es el engendro de una delincuencia organizada que aprendió todos los secretos, las mañas, las turbiedades y los vicios que se siguen cultivando al interior de una delincuencia organizada institucionalizada, solapada desde las altas esferas del poder. La delincuencia organizada no solo se da entre la sociedad sino que también se reproduce al interior de las mismas instituciones públicas, que para nuestra desgracia, no tienen un sistema de rendición de cuentas, ni existen mecanismos eficaces que garanticen el control interno de sus elementos, por el contrario, tienen un amplio margen de maniobra para poder someter a la población con el uso recurrente de la fuerza, justificando el fin supremo de preservar el estado de derecho.

La violencia institucionalizada alimentada por la corrupción y la impunidad fue la mejor maestra de la delincuencia organizada, que ahora se erige como un poder destructor que ha puesto en jaque a los sistemas de seguridad pública y administración de justicia del estado. El poder del narcotráfico y del crimen organizado ha evidenciado las grandes carencias, limitaciones y debilidades de las corporaciones policíacas. Su anacronismo institucional y la corrupción enquistada dentro de sus estructuras han diezmado su poder, su fuerza y su legitimada frente a una ciudadanía desconfiada y temerosa.

Con la muerte que nos asecha a todos y ante la amarga experiencia de la incapacidad de nuestras autoridades y su carencia de resultados, para contrarrestar la violencia y la seguridad, la sociedad no solo experimenta coraje, impaciencia, impotencia y miedo, sino también pierde el interés para presentar su denuncia ante ministerio público. Se paraliza la capacidad de denunciar, porque se tiene la certeza de que nadie garantiza su seguridad y por lo mismo, sabe que puede ser un blanco para sufrir un ataque inmisericorde. La misma denuncia genera en los pocos ciudadanos que denuncian una retraumatización, porque tiene que revivir los hechos de la muerte violenta y resignarse a vivir con el Jesús en la boca y experimentar la sensación de que la muerte es una realidad inminente.

La impotencia aprendida de las familiares de la victimas les dicta su conciencia que no se puede hacer nada para cambiar la realidad violenta, y ante la ineficacia de las instituciones, lo único que aparece en su horizonte es la tentación de retornar a las formas más primitivas de la autoprotección y a la justicia privada.
Esta violencia impune, lo único que inculca en nuestra sociedad es el aumento de las venganzas particulares, de buscar fuera de la legalidad y de las mismas instituciones la justicia, la seguridad y el fin de la impunidad. Es grave que amplios sectores prescindan del sistema de justicia estatal y le apuesten a la justicia por propia mano, a través de los nuevos mercenarios de la violencia. La inoperancia de nuestro sistema judicial está desangrando al estado y está cancelando el futuro cimentado en la paz, la justicia y la legalidad.

Este ambiente de impunidad está resquebrajando a nuestra incipiente democracia a causa de que las autoridades estatales se han empecinado en mantener amurallado un sistema de procuración de justicia obsoleto, desacreditado y rebasado por la delincuencia organizada. Es grave que la Procuraduría de Justicia quede evidenciada ante el escrutinio de las comisiones públicas de derechos humanos, como una instancia que a la hora de realizar sus investigaciones, violenta de manera crónica los derechos humanos de los detenidos. En lugar de atender las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, los descalifica y opta por encubrir a sus elementos, otorgándoles inmunidad y licencia para torturar. La falta de resultados en sus investigaciones ministeriales junto con el alto índice de delitos que se comenten y que no se denuncian, va mermando su capacidad como órgano investigador y lo que es peor, diminuye su reconocimiento y legitimidad por parte de la sociedad. La justicia estatal aparte del rezago institucional y de los bajos niveles de profesionalización que enfrentan los elementos policíacos, está siendo rebasada en los campos organizativos, tecnológicos y de armamento sofisticado por la delincuencia organizada. Esta lamentable constatación ha hecho que los mismos ciudadanos opten por prescindir de este sistema de justicia y que lo considere como parte del problema de la inseguridad y de la proliferación de la violencia.

Los valores de la justicia y la seguridad no son atendidos como valores que sopesan y califican la calidad de nuestra democracia. Esta inoperancia y desprecio está generado condiciones de ingobernabilidad debido a que los derechos a la vida y a la seguridad de las personas no están garantizados. El gran riesgo es que nos coloquemos al borde de la autodestrucción física, social y política.

Las ambiciones políticas de los grupos que ostentan el poder en el estado los han colocado en un lugar lejano y ajeno a las realidades cotidianas y violentas de los guerrerenses. Su trabajo burocrático se ha focalizado en el control de los espacios políticos para afianzar sus proyectos de largo plazo. El bono democrático les hizo creer a las nuevas autoridades, que todas sus decisiones, sus estilos y formas de gobernar contaban con el aval de la ciudadanía, y que por ese simple hecho la gobernabilidad democrática avanzaría sobre ruedas. En esta visión elitista, los obstáculos para avanzar en el camino pavimentado de la democracia electoral, no son las autoridades ni sus funcionarios, sino más bien, los ciudadanos y sus organizaciones sociales, catalogados como lucradores de la lucha social y como gente negativa. Los disfuncionles de este sistema político gerencial.
Los actos violentos que se dieron en la víspera de las elecciones para gobernador, el 5 de febrero de 2005, no fueron valorados en su justa dimensión por la clase política y más bien fueron opacados por la euforia del triunfo electoral del PRD. En ese momento de gran densidad política, el ahora gobernador Zeferino Torrebanca comentó ·”el mejor antídoto contra la violencia es que la gente salga a votar”.

A tres años del nuevo gobierno ¿Cuál será el mejor antídoto contra la violencia expansiva? ¿A qué está obligado el gobierno para atacar las causas de esta violencia y castigar a los responsables? Los guerrerenses no podemos permitir que la violencia impune sea el anuncio de una regresión autoritaria.